La Junta de Andalucía decidió en el año 2000 dar un fuerte impulso a las políticas de infraestructuras y servicios del transporte, con la mirada fundamentalmente puesta en las áreas metropolitanas, donde se producen los mayores problemas de movilidad y congestión del tráfico.
El principal objetivo de esta acción de Gobierno consiste en dotar a las nueve áreas metropolitanas de Andalucía (todas las capitales de provincia más el Campo de Gibraltar), que concentran el 70% de la población y más de dos tercios de la generación de riqueza, de un modelo de movilidad funcionalmente eficiente, ambientalmente sostenido y socialmente cohesivo.
Estas áreas cuentan con el potencial suficiente para constituirse como mercados unitarios de trabajo, vivienda, equipamiento, servicios sociales y ocio. Para ello, estas aglomeraciones urbanas deben dotarse de fuertes estructuras para desarrollar toda su proyección. En este sentido, resulta imprescindible la puesta en marcha de los nuevos sistemas de transporte público, que garanticen un crecimiento ordenado y la movilidad en todo un entorno definido, ampliando sustancialmente los mercados unitarios de vivienda y de empleo. En definitiva, mejorando los estándares de calidad de vida.
Esta apuesta se ha articulado a través de una triple estrategia:

¿Se deben seguir construyendo más carreteras urbanas para satisfacer la demanda siempre creciente o se debe adaptar la demanda de desplazamientos a la red de carreteras existente con la ayuda de los transportes públicos?
Si todo el mundo fuera a trabajar en coche, el espacio necesario para el estacionamiento sería tan extenso como el dedicado a las actividades productivas.

Los coches utilizan un enorme espacio de vía pública que es un bien público limitado y precioso.

Permitir el acceso del transporte público al centro de las ciudades pero restringir el coche.
Los costes directos del transporte particular equivalen al 10% del PIB. El 95% del transporte depende del petróleo.
La contaminación provocada por el tráfico cuesta el 1,7% del PIB, 160.000 millones de euros anuales, 360 euros per cápita.
Los autobuses y tranvías consumen entre 3–5 veces menos por pasajero.
Un autobús diesel con 45 asientos y 5 pasajeros contamina menos que un automóvil con 1,5 pasajeros.
El 16 de febrero de 2005 entró en vigor el Protocolo de Kioto, firmado por 141 países. España en 2004 triplica la cuota de crecimiento autorizada con relación al año de referencia (1990) que es del 15%.
El transporte es el sector económico que más emisiones de gases de efecto invernadero produce.
| Transporte por carretera | 86% |
|---|---|
| Vehículos privados | 68% |
| Camiones | 28% |
| Autobuses | 4% |
| Transporte aéreo | 13% |
| Ferrocarril | 1% |
Un coche estacionado en un aparcamiento de disuasión no significa solamente un coche menos aparcado en la ciudad, sino también dos trayectos menos en coche por las vías al centro.
El porcentaje de heridos y muertos es 10–20 veces menor en el transporte público que en el automóvil.
Un autobús transporta el equivalente a 60 automóviles y reduce las necesidades de aparcamiento.
Los criterios de prioridad de los autobuses mejoran la eficacia del transporte público y atraen a usuarios de automóviles.
La experiencia internacional muestra que las zonas peatonales, con un atractivo servicio de transporte público, hacen progresar el volumen de negocio de los comercios.